Además, la autoridad que reemplazó a Monsalve destacó que hay un sumario interno y que se evalúa a los funcionarios cercanos al denunciado.
Cordero aseguró que «el Presidente ha tenido una posición muy clara desde el inicio, que ha sido de total transparencia». En este contexto, explicó que no se debe confundir lo que se puede expresar en un punto de prensa, por más extenso que haya sido, con lo que corresponde a una declaración ante un fiscal.
«El Presidente ha actuado con la misma transparencia que señaló desde el principio, con la misma transparencia que le he pedido a cada uno de sus ministros y autoridades que tienen conocimiento sobre este asunto», indicó.
El subsecretario agregó que «buscar diferencias artificiales entre una declaración pública y una declaración formal ante el Ministerio Público me parece desnaturalizar el propósito con el que ha actuado el Presidente y, en algún sentido, generar una discusión bastante artificial».
Respecto a las críticas de la oposición, el subsecretario señaló que «los sistemas de control político son herramientas legítimas por parte de la Cámara de Diputados y de los diputados y diputadas en particular, como las comisiones investigadoras y los reglamentos de oficio». Cordero enfatizó que el Ejecutivo «nunca ha cuestionado esas herramientas».
Sin embargo, recalcó que «una cosa muy distinta es ocupar el Código Penal con fines políticos». En este sentido, alertó que «cuando el Código Penal comienza a ser utilizado como herramienta política, es un punto de no retorno». Por ello, hizo un llamado a la responsabilidad de quienes intentan usar «estrategias penales como una manera de derribar a los contradictores políticos».
Evaluación de funcionarios y sumario administrativo
En cuanto a la continuidad de los funcionarios de la Subsecretaría del Interior que trabajaban con Manuel Monsalve y conocían la denuncia, Cordero recordó que existe un sumario administrativo, que «se inició por resolución de la Subsecretaría del Interior». El subsecretario explicó que fue él quien solicitó que «fuera la Contraloría, por razones de imparcialidad, no solo interna, sino también pública, quien llevará a cabo el sumario».
Cordero aclaró que «hay reglas legales que obligan a mantener reserva sobre la información que se está llevando a cabo», dado que el sumario está siendo instruido por la Contraloría. «Las personas que han ido a declarar son parte de esa investigación y forman parte de la reserva que tiene la Contraloría», precisó.
Por último, Cordero destacó que, en paralelo, se están llevando a cabo evaluaciones a los funcionarios, proceso que «normalmente se realiza en noviembre debido a la renovación de contratos».
En ese sentido, indicó que él mismo está realizando las evaluaciones y que tomará decisiones «a finales de este mes».
