Un listado de 62 parlamentarios entregó este viernes la defensa de la ministra -suspendida- de la Corte Suprema, Ángela Vivanco frente a la acusación constitucional que enfrenta en la Cámara de Diputados. Nombres a los que busca inhabilitar para dirimir en el proceso.
En el documento hay legisladores de todo el espectro político. Desde republicanos, pasando por Chile Vamos, independientes y, en su mayoría, de partidos oficialistas. Todos, según acusa la defensa de la suprema, han emitido juicios en medios de comunicación y redes sociales que los aleja de la imparcialidad que debe tener la revisión del libelo acusatorio.
Durante esta tarde, varios de los legisladores se han referido a su inclusión en el listado, uno de ellos el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), quien señaló: «Me parece que es un intento desesperado por acallar a quienes decidimos salir a enfrentar la corrupción en todas sus formas y que no nos contentáremos con ver cómo el Poder Judicial vive hoy su peor crisis desde el retorno a la democracia. Este afán de silenciar solo alienta a reafirmar que estamos en el camino correcto de enfrentar la corrupción y evitar que el país y su gente pierdan toda esperanza de que la justicia es igual para todos y todas».
En la bancada socialista, los diputados Daniel Melo y Daniel Manouchehri afirman que solo han promovido la acusación constitucional porque «tenemos la convicción de su responsabilidad», dijo este último refiriéndose a Vivanco. «Pretende inhabilitarnos de la votación de la acusación constitucional. Lo primero es que sus, muy bien pagados abogados, deberían leer la ley, ya que quienes se deben inhabilitar en estos casos son los senadores, no los diputados», agregó Manouchehri.
«La defensa de Ángela Vivanco está equivocada. Se cree que puede inhabilitar a 62 diputados para así zafar de los graves hechos que fundan la acusación constitucional en su contra. Nosotros como Cámara de Diputados no establecemos juicios de culpabilidad, sino que de admisibilidad. Es el Senado el que tiene la última palabra», dijo, por su parte, Daniel Melo.
En Demócratas, Érika Olivera tildó como «curiosa la censura que pretende imponer el abogado de la jueza Ángela Vivanco. Le recuerdo al profesional que representamos a ciudadanos de todo el país y que, en el actual escenario, recuperar la fe pública es crucial. ¿O acaso no es importante que la jueza Vivanco tenga la posibilidad de demostrar su inocencia tal como lo haría cualquier persona de este país? En el tuit por el que pretenden cancelar mis legítimas facultades solo apelo a la necesaria investigación ante los hechos de los que hemos sido testigos todos los chilenos».
En el Frente Amplio, la diputada María Francisca Bello aseveró que se trata de «manotazos de ahogado sin fundamentos». «Los diputados no somos jueces, hicimos un juicio político ante un hecho de corrupción sin precedente y no nos detendremos por eso, menos, al ser nuestro rol no solo el fiscalizar, sino también dar voz a la ciudadanía. No tiene sentido alguno que se nos exija imparcialidad a los diputados, quienes en este caso actuamos y redactamos la acusación. Me parece un sinsentido y una falta de conocimiento importante y que espero no siga adelante», subrayó.
Mientras que para la legisladora Emilia Schneider (FA) le parece «inaceptable este intento de restringir nuestra labor democrática. El rol de los diputados y diputadas es legislar, pero también fiscalizar y concurrir a estos juicios políticos, donde no existe una norma de imparcialidad. Y quiero ser clara, no existe una norma de imparcialidad, por lo cual la causal que está invocando para inhabilitarnos no sería válida».
La legisladora Ana María Gazmuri (AH) también se refirió a la presencia de su nombre entre los 62. «No puedo hacer más que sentir sorpresa porque la defensa de Ángela Vivanco pretenda que se inhabiliten 62 diputados, entre ellos yo, por hacer comentarios en redes sociales. Es preocupante la distorsión del concepto de justicia que también se alude en el texto, pero más grave es que pretendan coartar nuestra labor democrática», dijo.
Continuo. «¿Realmente espera que más de un tercio del Congreso no pueda decidir una acusación tan importante? ¿Esperaban que no dijéramos nada por redes sociales? Estamos hablando de uno de los escándalos más graves del último tiempo, que hoy enlodan al poder judicial, en particular a la Corte Suprema, en el que Ángela Vivanco es una de las protagonistas indudablemente, al revelarse favores entre la magistrada y el abogado e íntimo amigo de Andrés Chadwick, Luis Hermosilla», declaró.
Por último, la diputada republicana Sofía Cid manifestó que «en todas las que he dado desde que comenzó el proceso, he sido muy categórica en dejar claro que no me pronuncio sobre la acusación constitucional y eso lo he cumplido desde el primer día. Mi declaración es simplemente una constatación de la realidad actual y lo que me transmite la gente en la región de Atacama, como análisis general de la situación en Chile, caso Convenios, pensiones de gracias y tantos otros temas».
Cid, que trabaja en la comisión investigadora de la AC, aseguró que el trabajo legislativo del proceso están «comprometidos en que se respete el debido proceso y que los acusados puedan ejercer su derecho a defensa. Hemos hecho un trabajo transparente, un trabajo serio y bueno, vamos a seguir cumpliendo como corresponde».
Consultada la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón -quien también esta incluida en el listado- desde su equipo sostuvieron que no se referirá a la situación.