La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó una actualización del Índice de Acceso a la Vivienda (PIR, por su sigla en inglés), un indicador internacional que mide cuántos años de ingresos necesitaría una familia promedio para comprar una vivienda tipo, si destinara la totalidad de sus recursos a ello.
El resultado es alarmante: en 2024, una familia chilena necesitaría en promedio 11,4 años para acceder a una vivienda, lo que representa un aumento de 3,8 años desde 2019, cuando el índice fue aplicado por primera vez en el país. Con esta cifra, Chile se consolida dentro del grupo de naciones con viviendas clasificadas como “no asequibles”, superando con creces el umbral de cinco años que establece la metodología internacional como límite crítico.
Según este estándar, una vivienda es considerada “asequible” si puede adquirirse en menos de tres años de ingresos familiares. Al superar los cinco años, la relación entre ingreso y precio evidencia una desconexión estructural. En este escenario, Chile solo es superado por Nueva Zelanda, que registra un PIR de 11,6 años. Canadá (9,1) y Australia (8,4) también muestran cifras preocupantes, aunque inferiores.
“El problema está en la brecha creciente entre el ingreso de los hogares y el precio de las viviendas, una tendencia que ha hecho cada vez más difícil el acceso a la casa propia durante la última década”, explicó Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC.
Factores estructurales detrás de la crisis
León identificó múltiples factores que han deteriorado progresivamente el acceso a la vivienda. En el plano de la oferta, destaca el incremento sostenido del precio del suelo apto para desarrollo habitacional, así como las restricciones normativas a la construcción en altura, el aumento en los costos de materiales y mano de obra tras la pandemia, y la aplicación del IVA a la compraventa de viviendas desde 2016.
Por el lado de la demanda, el crecimiento del número de hogares —producto de cambios en la estructura familiar y del aumento de la población migrante— se ha combinado con mayores dificultades para acceder a financiamiento hipotecario, endureciendo aún más el panorama.
“Estamos frente a un problema social urgente, con causas multifactoriales. Esto ya no puede ser abordado solo por un ministerio o un grupo de empresas”, advirtió León.
Propuestas para enfrentar la emergencia habitacional
Frente a este escenario, la CChC planteó una serie de medidas orientadas a reducir el impacto de la crisis y reactivar el acceso a la vivienda. Entre ellas:
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Subsidio transitorio para sectores medios mediante una Línea de Financiamiento Hipotecario que facilite la adquisición de viviendas nuevas.
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Mecanismo compensatorio CEEC, como alternativa al actual crédito, con el objetivo de reducir los costos de construcción.
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Extensión del FOGAES (Fondo de Garantía Estatal para Acceso a la Vivienda), asegurando su vigencia hasta 2026 y ampliando la cobertura del pie hipotecario del 10% al 15%.
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Revisión normativa, que incluye la eliminación de la Ley del Ducto y la actualización de indicadores urbanísticos para mejorar la planificación e infraestructura urbana.
Finalmente, León hizo un llamado a la acción conjunta. “Es fundamental que el mundo privado, el sector público, las entidades financieras y la sociedad civil trabajemos en conjunto, con sentido de urgencia y la mirada puesta en el bien común”, concluyó.
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