Las oficinas de Familia de distintos tribunales del país han registrado un incremento sostenido en las denuncias por abandono de adultos mayores. Solo en 2024 se habrían presentado miles de causas relacionadas con desprotección, negligencia o maltrato por omisión, una cifra que mantiene preocupadas a autoridades y organizaciones de derechos humanos. El abandono se manifiesta desde falta de cuidados básicos hasta la negativa de familiares a asumir responsabilidades mínimas.
La legislación vigente contempla mecanismos para enfrentar estos casos. La Ley 20.427 reconoce el maltrato y abandono de personas mayores como una forma de violencia, lo que permite a los tribunales decretar medidas especiales de protección, entre ellas la internación provisional en un Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM), la intervención de equipos municipales y la supervisión de redes familiares. Sin embargo, la implementación enfrenta numerosas dificultades.
Uno de los principales problemas es la capacidad limitada de los ELEAM, muchos de los cuales operan al máximo de su ocupación o con listas de espera prolongadas. Cuando los tribunales decretan internación por maltrato o abandono, los equipos sociales deben buscar alternativas temporales, lo que en ocasiones implica estancias hospitalarias más largas de lo necesario o derivaciones a hogares sin financiamiento estable.
Los jueces han insistido en que la protección efectiva requiere un sistema robusto de cuidados y una red estatal capaz de responder con rapidez. En las audiencias se ha vuelto frecuente escuchar advertencias sobre las brechas entre lo que la ley establece y lo que realmente puede ofrecer el sistema de protección a la vejez. “El marco legal existe, pero la capacidad de aplicación aún no está a la altura del desafío”, señalan desde el Poder Judicial.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado revisar la legislación para ampliar las medidas cautelares y definir responsabilidades más claras para los familiares, especialmente cuando hay pensiones, propiedades o ingresos que podrían destinarse al cuidado de la persona mayor. También piden fortalecer el rol de los municipios en la detección de casos críticos antes de que lleguen a tribunales.
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